Manifiestos

Ver :Manifiesto Alianza de Plataformas 9 de Mayo

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país está sirviendo de pretexto al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para tomar medidas en relación al Sistema Nacional de Salud que vulneran los derechos humanos, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo a toda la población. Desde que el nuevo Gobierno ganó las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 estamos asistiendo a un sinfín de noticias y decisiones políticas unilaterales extremadamente preocupantes que afectan a toda la ciudadanía y en especial a los grupos sociales más vulnerables como pueden ser las personas sin trabajo, pensionistas, inmigrantes en situación irregular y todas aquellas que padecen una enfermedad crónica como vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre otros colectivos.
En esta última línea, las plataformas de entidades estatales y autonómicas de respuesta al VIH y el sida que durante 30 años hemos venido ofreciendo -junto con otros agentes sociales- un trabajo esencial para erradicar la pandemia y sus consecuencias socio-sanitarias en todo el territorio español, denunciamos ante la opinión pública que:
- El Gobierno de España parece no tener una estrategia clara sobre cómo abordar la respuesta al VIH o bien no tiene voluntad política para hacerlo porque existe en la actualidad una total incertidumbre en esta materia. En enero asistimos a una hipotética desaparición de la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), desmentida con la publicación, en el BOE de 24 de enero, de su adscripción a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; posteriormente, contemplamos el nombramiento de una fugaz secretaria de la SPNS, quien permaneció en el cargo menos de dos meses sin dar ningún tipo de luz a la compleja situación existente y, a fecha de hoy, no se ha nombrado otro responsable al frente de la SPNS, en un año muy importante en el que finalizará la vigencia del “Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012” y en el que ya se debería estar trabajando en un nuevo plan.
- El 3 de abril el Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 en los que ha desaparecido la consignación explícita e inequívoca del presupuesto del Plan Nacional del Sida, que presumiblemente, según algunas fuentes, se encuentra en otra partida, habiéndose visto reducido su presupuesto a la mitad, aunque, según otras fuentes, la reducción podría ser mayor. Lo cierto es que no sabemos a cuánto asciende el presupuesto y aún no se ha publicado la convocatoria anual de subvenciones a organizaciones civiles, por lo que éstas se ven obligadas a paralizar programas de prevención y de detección precoz de la infección y cerrar servicios y centros de atención a las personas con VIH.
- Por otra parte, a través del Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional (SNS) de Salud, el Gobierno ha realizado reformas que incluyen el copago farmacéutico, con graves consecuencias para los pacientes crónicos como es el caso de las personas con VIH, así como la práctica exclusión del SNS de los inmigrantes no regularizados; medidas que ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchas personas; además que favorecen un grave problema para la salud pública.
Las organizaciones y personas signatarias de este documento nos sentimos hondamente preocupadas ante lo que parece, por parte del Gobierno de España, la falta de una respuesta a la infección por VIH y el sida comprometida, eficaz, sostenida y solidaria, que garantice el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo con relación al VIH y el sida. Por todo ello, reclamamos al gobierno:
1. Respeto total a los derechos fundamentales impulsando un marco ético y social que garantice la dignidad, derechos y libertades de toda la población. Por ello, exigimos al Gobierno que garantice el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no sólo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH.
2. Liderazgo político y compromiso económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH y el sida. El liderazgo pasa inevitablemente por el refuerzo de la SPNS como organismo coordinador de la respuesta española al VIH que, por una parte, vele por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2013-2017, con directrices a seguir durante los próximos años; y por otra, que apoye la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH y, finalmente, que garantice la continuidad de los programas desarrollados por las ONG con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.
El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, puesto que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este ahorro no será real si aumenta el número de nuevas infecciones por VIH.
En este sentido, solicitamos de carácter urgente al Gobierno que nombre a la nueva persona responsable de la SPNS y aclare públicamente las cantidades destinadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 a la respuesta al VIH, tanto las destinadas a subvencionar las actividades que realizan las ONG como las destinadas a las transferencias de las CCAA para realizar acciones de prevención del VIH como las que necesita el propio Plan Nacional sobre el Sida para su funcionamiento.
Asimismo, pedimos que, para evitar este tipo de situaciones, siempre se consignen explícita e inequívocamente los presupuestos de la SPNS en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.
3. Cumplimiento de los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y sida. El Gobierno español, además de compromisos económicos, ha firmado compromisos internacionales en la respuesta mundial al VIH ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo (PE), para alcanzar el “Objetivo Cero: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida”. Desde la sociedad civil organizada exigimos el cumplimiento de dichos acuerdos que garantizan una apuesta conjunta a la atención y prevención del VIH.
4. Diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles. Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del Gobierno que cuenta con espacios oficiales como las CCAA, sociedades científicas y organizaciones civiles para consensuar las medidas necesarias para adaptar la respuesta frente al VIH en una situación económica como la actual. No obstante, está actuando de manera unilateral -obviando a todos estos agentes y especialmente a las ONG, a las que reiteradamente se les ha ignorado en sus peticiones de mantener una reunión con representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y tomando decisiones irresponsables, de graves consecuencias sociosanitarias que no compartimos.
Por ello, solicitamos la convocatoria de forma inmediata de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida como órgano legitimado para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en el Estado español.
5. Compromiso real y efectivo con el sostenimiento del tratamiento y atención de las personas con VIH, impidiendo que las medidas de ajuste económico repercutan en una menor adherencia al tratamiento para el VIH o un inadecuado seguimiento, prevención, control y tratamiento de las patologías relacionadas con el VIH. Exigimos al Gobierno que aclare en qué medida el Real Decreto-ley, de 20 de abril, pretende o va a suponer para las personas con VIH (y para personas con otras enfermedades crónicas como cáncer, hepatitis, psoriasis, procesos hematológicos o esclerosis múltiple) el pago del 50% del tratamiento ambulatorio que reciben en los hospitales.