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NOTA DE PRENSA

LA ASOCIACION DE GAYS, LESBIANAS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE ALBACETE, AB-LESGAY, INSTA AL PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR Y A LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, A LA RETIRADA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR SU PARTIDO CONTRA LA LEY DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.

Ante la visita el próximo sábado 19 de febrero, del Presidente del Partido Popular, Don Mariano Rajoy y de la candidata a las Cortes de Castilla La Mancha, Doña Mª Dolores de Cospedal, desde Ab-lesgay, asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Albacete, se les solicita la retirada del recurso de insconstitucionalidad, que su partido presentó contra la reforma del código civil, por el que se reconocía el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

AB-Lesgay, considera que han transcurrido más de cinco años desde que dicha Ley modificó el Código Civil en España en dicho sentido lo que supuso una conquista de derechos ampliamente asumida por la sociedad española, con más de un 70% de apoyo de la ciudadanía y derecho que más de 20.000 parejas han ejercido.

Una realidad que sólo el PP se niega a reconocer, cuando se cumplen cinco años, desde que cincuenta diputados del Partido Popular presentaran el 30 de septiembre de 2005, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que supuso el reconocimiento de nuestra dignidad y el de nuestras familias. Un recurso cuyo única finalidad es y era, la de impedir el pleno derecho a la igualdad para una parte de la ciudadanía española.

Durante estos cinco años, el Partido Popular no sólo no ha retirado este recurso, sino que se ha seguido posicionando en contra de todas las iniciativas que pretendían ampliar derechos para el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, votando en contra de la ley de identidad de género para las personas transexuales en el año 2007, votando en contra del reconocimiento de las personas represaliadas por orientación sexual e identidad de género del franquismo en el año 2009 o, votando en contra de la iniciativa parlamentaria que insta al Gobierno a modificar la legislación para permitir a las mujeres casadas la cesión entre sí de óvulos, entre otras.

El año 2005, esta ley convirtió a nuestro país en un referente mundial en la conquista de derechos para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y de hecho hemos visto en los últimos años como son ya muchos los países que se han sumado al matrimonio en igualdad: Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal y Argentina, algunos Estados de EEUU y México DF. Al mismo tiempo también ha recordado como en alguno de estos países Altos Tribunales ya se han pronunciado al respecto, reforzando, como no podía ser de otra forma, la idea de justicia que la extensión de este derecho comporta, avalando la constitucionalidad de este derecho, como los Tribunales Constitucionales de Sudáfrica, Canadá, Portugal, y México.

Como aquí en España tenemos la seguridad de que será dentro de poco, que el Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera, avalará esta norma que da plenos derechos a aquella parte de la ciudadanía que se le eran negados por homofobia.

A pesar de la normalidad con que se está usando este nuevo derecho y la felicidad y seguridad que está ofreciendo a miles de personas algunos jueces y también algunos concejales están resistiéndose a la aplicación de la norma. En el caso de los políticos, nadie les obliga a celebrar matrimonios si no lo desean, pero es muy relevante conocer su posición para valorar su actuación como representante de una institución pública, un Ayuntamiento, que más allá de las mayorías políticas, se define como administración de la colectividad, como institución que vela por el interés general de la ciudadanía. En el caso de los jueces ya ha habido sanciones del Consejo General del Poder Judicial ante los impedimentos que algunos ponen al ejercicio del derecho al matrimonio por parte de gays y lesbianas.

La argumentación de ese recurso es un claro exponente de la lgtbfobia que representa ese partido político y nos obligan a pensar en un retroceso gravísimo que podría suponer la pérdida de los históricos avances alcanzados por una sociedad libre, abierta y democrática.

Por eso hoy la actitud perseverante del Partido Popular con su vergonzante recurso de inconstitucionalidad avalan que hay que seguir luchando contra los prejuicios de un sector de la sociedad que pretende poner trabas al libre desarrollo del derecho a la felicidad que todos y todas tenemos independientemente nuestra opción sexual i/o identidad de género, y seguir luchando para garantizar plenamente la igualdad legal y social que reivindica esa mayoría ciudadana que no hace distinción entre heterosexuales, lesbianas, gays, transexuales o bisexuales

Albacete, 17 de febrero de 2011